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Del nuevo registro de accionistas

Con la promulgation de la Ley 9416 de Lucha contra el Fraude Fiscal se creo por primera vez un “registro de accionistas” cuya custodia tendrá el Banco Central de Costa Rica. Con el Decreto No. 41040-H, se instrumentalizó el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (publicado en La Gaceta del 23 de abril de 2018) y en definitiva a dio contenido a la norma general de la ley.

Es importante entender que, según la ley 9416 toda sociedad que tenga domicilio en Costa Rica deberá inscribirse y mantener al Banco Central informado de cambios en sus estructuras participativas. Interesa al Banco Central y a las autoridades fiscales el conocer el denominado “beneficiario final” o aquella persona que controle la empresa.

Con esta nueva normativa, por primera vez el anonimato de la titularidad o propiedad del capital accionario deja de existir. Incluso la misma ley, en caso de incumplimiento en la obligación de brindar la información, “presume” a los propietarios de la información que tenga a su disposición. Dice la ley:

“… cuando resulte imposible identificar al beneficiario final, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, habiendo agotado todos los medios de identificación y siempre que no haya motivo de sospecha, se presumirá que el beneficiario final es el administrador.”

Están obligados a dar la información de registro:

  1. Las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en el país.
  2. Los administradores de recursos de terceros.
  3. Las organizaciones sin fines de lucro.
  4. Los fideicomisos privados, incluyendo los fideicomisos extranjeros que realicen actividades en el país.

Y es que se debe identificar a cualquier persona que tenga participaciones iguales o mayores al 15% de la totalidad del capital, o que sean beneficiarios finales (personas físicas que posean influencia sustantiva o control efectivo final sobre una persona jurídica o cadena de estructuras jurídicas).

Otra información requerida por este nuevo registro es: Suministrar la composición de los derechos de voto, información sobre quienes poseen control en virtud de los estatutos, composición de las participaciones sociales y quiénes pueden designar o cesar los organos de administración.

La normativa indica que el formato de presentación es mediante declaración jurada que se debe presentar anualmente. Igualmente debe completarse la misma cada vez que se den cambios en la información, debiendo informarse dentro del plazo de 15 días hábiles desde la anotación en el Libro de Registro de Accionistas.

Sanciones

En caso de omisión, el día siguiente a que finalicé el plazo para presentar las declaraciones, la Dirección General de Tributación procederá con una notificación (partiendo de que tenga adonde hacerlo) y brindará un plazo de tres días para cumplir. En caso de no darse la información se impondrá una sanción administrativa y una multa pecuniaria.

La primera es una sanción en tanto el Registro Nacional no emitirá certificaciones ni inscribirá documentos de las sociedades omisas. Igualmente, se impondrá una multa económica del 2% de los ingresos brutos, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien. En la actualidad el SALARIO BASE es de 431000.00 colones con lo que la multa es de 1293000.00 colones.

El BANCO CENTRAL aún no ha establecido el procedimiento ni la fecha de inicio de este registro.

 

Autor,
Arturo Blanco Páez